5. Franco y las ideologías enfrentadas

¿QUIÉN ERA FRANCO?


Franco: el militar

Franco era un militar habituado a actuar con órdenes precisas y por eso si decidió actuar por su propia cuenta y asumir el riesgo de un posible fracaso, fue por una poderosa y simple razón: imponer al país la «disciplina castrense», es decir, imponer un orden social férreo y la unidad nacional sin excepciones de ninguna clase. Con esta simple idea y valorando sus posibilidades de éxito se rebeló contra la República.

Detestaba la política y a los políticos, incluidos aquellos afines a sus propósitos, y en mi opinión desconfiaba de sus propios compañeros de armas. Podría decirse perfectamente que Franco traicionó a todos los que le apoyaron y no compartió responsabilidades políticas hasta la entrada de miembros del Opus Dei en su Gobierno, en la década de los sesenta. Puede que en toda su vida no aceptara más consejos que los de su propia mujer, y sobre aspectos religiosos y morales, nunca en estratégicos o políticos. Franco comentaría entre sus conocidos que el éxito de su mandato se debió a «no meterse en política».

Franco nunca fue capaz de comprender que la soberanía recaía en el pueblo, porque despreciaba al pueblo, al que creía incapaz de autogobernarse. Como militar, y sin políticos a los que obedecer, creía que todo lo que conquistara por las armas era legítimamente de su propiedad y de los que le servían, por eso se autonombró, aún antes de conseguir la victoria, «Jefe del Estado», que en su propia terminología significaba: «Dueño del Estado».

Franco reinstauró la monarquía porque tal vez él mismo hubiera deseado ser rey y crear una dinastía siguiendo el ejemplo del «dictador» por antonomasia, Napoleón Bonaparte. Al menos ese sería el deseo de su mujer, lo que justificaría su parentesco con la casa real de los Borbones. Por tanto, se decidió por una transición basada en la reinstauración de la monarquía, pero deseaba un monarca hecho a su imagen y semejanza, por eso intentó educar al príncipe en los principios castrenses de orden y disciplina (del Movimiento), para asegurar la continuidad de su régimen personalista. Es obvio que no lo logró.


Franco: el político

Franco no entendía de ideologías, pero tenía un sexto sentido para «eliminar adversarios» y rodearse de áquellos que podían servir a sus propósitos: permanecer en la jefatura del Estado, asegurar la disciplina, tanto en el orden público como entre las facciones políticas y religiosas que le apoyaron, la unidad de España y conseguir cierta justicia social sin cuestionar los estamentos clasistas de la sociedad tradicional.

A comienzos de abril de 1937 Franco, tras encarcelar a Hedilla, líder de los falangistas, concibió una especie de partido único que él mismo pudiera controlar, unificando todas las tendencias dentro de su propio ejército: falangistas, juventudes carlistas, acción católica y monárquicos y las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalistas (JONS), creando lo que se llamó «Falange Española Tradicionalista y de las JONS, (FET y de las JONS). Así, entresacando ideas de todos ellos, apoyándose en las multinacionales interesadas en los recursos económicos españoles, de financieros e industriales pragmáticos, como Juan March, y manejando con cazurrería nacional los cambios políticos en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, consiguió su propósito: vivir y morir en su cama y en su propio país sin ser cuestionado ni derrocado: el sueño de todo dictador.

Después de dos desastrosas décadas de autarquía económica que empobreció el país y apenas le permitió librarse del racionamiento, Franco tuvo que aceptar «políticos» en su Gobierno, pero tuvo la habilidad de elegir a personas próximas al Opus Dei. Burócratas «bien preparados», conocedores de la situación internacional, pragmáticos y decididos a «engañar» al General y abrir el país a Europa y al mundo occidental en un proceso de «regularizaciones» absolutamente necesarias en todos los sentidos, desde el diplomático, aceptando la tutela de organismos internacionales como las Naciones Unidas, hasta la económica, permitiendo la fiscalización de las cuentas públicas y sometiéndose a las normas de comercio y finanzas internacionales. Cualquier gobierno liberal hubiera tomado estas mismas medidas, pero por la desconfianza natural del general, sólo los próximos al Opus Dei gozaron de su confianza.

Franco y el franquismo no han dejado ningún legado cultural ni histórico que se pueda aprovechar. Como «golpista» es inevitable su condena ante la historia desde la perspectiva de la legalidad internacional, los derechos humanos y la defensa de la democracia. De hecho, si viviera podría ser acusado ante el Tribunal Internacional de la Haya por cometer «Crímenes de lesa humanidad», tal y como se intenta hacer con Augusto Pinochet, porque los crímenes contra la humanidad no prescriben. Los posibles beneficios que su régimen pudo aportar los hubiera aportado tanto una República inestable (a la italiana), como incluso un supuesto golpe revolucionario de carácter comunista, porque no hubiera podido superar la presión del mundo capitalista de la Guerra Fría y el espectacular desarrollo económico en la Europa de los años 60. Simplemente hubiéramos vivido 30 ó 40 años bajo una dictadura de izquierdas (a la húngara) que se hubiera diferenciado en aspectos puntuales, como un mayor desarrollo de la cultura social y la solidaridad, pero en términos económicos el resultado hubiera sido parecido al conseguido por el franquismo, ya que el desarrollo económico de España dependía de la voluntad de los Estados Unidos y de la entonces Comunidad Europea de integrarnos entre sus socios económicos, como hemos podido comprobar. Y esto era imposible sin nuestra vuelta a la legalidad democrática y al Estado de Derecho.

ALACIA DE LA LEY Y EL ORDEN DE LA DICTADURA DE FRANCO

Durante años los españoles leímos en los libros de historia que Franco se levantó contra la República para instaurar «la ley y el orden», pero lo cierto es que hizo todo lo contrario, instaurar la «ilegalidad y el desorden».

La República era un Estado de Derecho. Existía el derecho de «Habeas Corpus», o la imposibilidad de detener a una persona más de 72 horas sin una acusación concreta, es decir que se respetaba la presunción de inocencia, y todos los ciudadanos tenían derecho a un juicio justo con jurado imparcial. Nadie podía ser detenido de forma arbitraria y el hogar era un espacio inexpugnable salvo con una orden judicial. En cuanto a la ley, si bien muchas de las leyes todavía vigentes pudieran ser consideradas como «injustas», el trabajo legislador de renovación de las dos Repúblicas fue notable.

Por tanto, durante la República había «ley y orden», lo que no había era «disciplina», y eso es de lo único que entendía el general Franco. Éste no instauró la ley y el orden en España, sino simplemente la «disciplina», de la que la sociedad en su conjunto carecía.

Militarizó el país, disolvió las instituciones que garantizaban la legalidad y promulgó leyes que conculcaban los derechos de todos los ciudadanos, sin excepción de creencias o simpatías políticas.

Franco no sólo convirtió el país en un gigantesco cuartel, sino que procuró que sus ciudadanos actuaran con la mentalidad y la disciplina de un «buen soldado», olvidándose de la política, de la Ley y del Derecho. Por eso, durante muchos años los españoles fuimos unos completos «analfabetos» en materia política y jurídica.

El régimen de Franco no hacía juicios, sino consejos de guerra. La valoración de las causas ponía más atención en la «indisciplina» y las tendencias políticas que en la sustancia del delito en sí. Era más grave ser «rojo» que «ladrón», aunque para los represores del régimen ambas cosas eran sinónimas. Franco disolvía con dureza las manifestaciones como si se trataran de delitos de «indisciplina» y no por su contenido reivindicativo o político.

Esta valoración no es arbitraria sino que podemos contemplarla sin salir de Sigüenza. Cuando los milicianos ocupan Sigüenza para defenderla de los «sublevados», se trata de tropas voluntarias que, tal vez y a pesar de algunos de ellos mismos, son «leales» al Gobierno constituido por la voluntad soberana de las Cortes, como reflejo del resultado en las urnas. Por tanto, una vez que crean la comandancia y el comité que coordinarán los milicianos y sus actuaciones, no «militarizan» las instituciones locales, sino que se limitan a garantizar la ausencia de sublevados; es decir, defienden la «ley y el orden»:

– La Gestora Municipal sigue siendo la misma que resultara de las elecciones de febrero y tras la negativa de los «romanonistas», que obtienen la mayoría, de jurar fidelidad a la República. Por tanto, es un poder civil y constituido de acuerdo a la legalidad vigente.

– El juez de primera instancia, Alfonso Bernáldez de Quirós, sigue en su cargo e instruye diligencias sobre detenciones, sólo con acusaciones formales y cuando se producen detenciones que deben ser ingresadas en la prisión local en espera de juicio. Entre estas diligencias se encuentran las de detenciones de algunos clérigos. No nos olvidemos de que teniendo en cuenta su alineación inequívoca del lado de los sublevados, sobre todo presentes en las columnas de requetés navarros, al menos podían ser considerados como «sospechosos» de colaborar con estos y contra la República; es decir, que siempre cabía la acusación del delito contra el Estado, contemplado en el Código Penal, de sedición y rebeldía.

– El funcionario de prisiones que está al cargo de la cárcel local, Sebastián Romero, dependiente de la Dirección General de Prisiones, no es destituido, de lo que se deduce que todos los que son conducidos a la prisión, sean civiles o clérigos, debe llegar con la consiguiente orden del juez. Por la misma razón, la excarcelación sólo puede hacerse con otra orden del mismo juez, o, en su caso, de la Gestora Municipal. Sin duda se produjeron algunas arbitrariedades, pero nadie puede discutir que el poder civil se mantuvo.

Por tanto, los milicianos por muy alborotadores que fueran, y salvando las lamentables excepciones de grupos incontrolados, se mantienen dentro del Estado de Derecho, o lo que es lo mismo, la legalidad vigente; es decir «son gente de ley y orden» y no todo lo contrario como hemos creído durante años. Martínez de Aragón defendió en todo momento y aún arriesgando su propia vida esta legalidad vigente. Otro tanto hizo la Gestora Municipal que se consideraba el Gobierno de un «Ayuntamiento Constitucional», tal y como rezaba en su sello oficial. No nos olvidemos de que los milicianos estaban aquí porque se había producido un golpe de Estado, de otro modo, no hubieran venido ni causado daño alguno, ni a la población ni a la Iglesia.

El comandante militar de la República en Sigüenza ni siquiera decreta el estado de guerra, lo que le daría poderes especiales y la declaración del «estado de sitio», con la consiguiente prohibición de circular libremente a partir de las horas establecidas por la Comandancia y la anulación del «Habeas Corpus», tal y como hicieron los sublevados apenas tomaron la ciudad.

Si se produjeron algunos abusos de procedimiento, una vez más hay que achacarlos al único grupo que no estaba de acuerdo con el Estado de Derecho de la misma República, es decir, los anarquistas y comunistas. Auténtica quinta columna de la República. Pero según el historiador Gabriel Jackson, considerado neutral y bastante objetivo, incluso los anarquistas crearon sus peculiares «tribunales». «Tanto la CNT como la UGT y el Partido Comunista –comenta Jackson– tenían sus listas de supuestos ‘fascistas’ y ‘saboteadores’ y establecieron comités conjuntos para juzgarlos. Aunque partían de una fundada presunción inicial de culpabilidad, sobre todo cuando un mismo nombre aparecía en las tres listas, se procuraba aducir pruebas reales, y la persona que tuviera presencia de ánimo suficiente para demostrar su inocencia o denunciar la falsedad de un testigo, quizás regresaba a su casa con una escolta de honor, después de haber tomado unas copas con los miembros del tribunal». Curiosamente este pasaje coincide con la descripción del «juicio popular» que se hizo contra el obispo Nieto en los primeros días de la guerra en Sigüenza.

Los sublevados tenían métodos más expeditos y no se molestaron en la creación de tribunales de ningún tipo, por burdas o simples que fueran. Bastaba una acusación verbal y sin pruebas para ordenar una ejecución. Lo importante era que el acusador mostrara su fidelidad de forma inequívoca con los sublevados. Muchos se salvaron de una ejecución inapelable por una rápida e inesperada vocación religiosa, pidiendo ser confesados y comulgados y mostrando gran fervor por la Iglesia y sus representantes. Por tanto, cuando Sigüenza es ocupada por el ejército sublevado, lo primero que se produce es la «derogación inmediata de la ley y del orden jurídico y del poder civil», se decreta el estado de guerra, que va acompañado de un estado de excepción; se derogan todas las leyes y normativas, locales y nacionales, y se instauran las «arbitrarias» del ejército rebelde.

La Gestora Municipal tuvo mucha suerte porque según afirma Jackson, en Sevilla Queipo de Llano «incomodado al observar que los curas intercedían por las vidas de los rojos (miembros del Consistorio) ordenó que se ejecutasen a las autoridades municipales inmediatamente, antes de que nadie pudiera pedir clemencia». Además Jackson puntualiza sobre la represión de los sublevados en poblaciones como la nuestra: «En Castilla, la población fue por lo general más dócil que la de Andalucía, pero los militares impusieron el mismo sistema de terror. Se solía formar una comisión depuradora de tres miembros: un cura, un guardia civil y un propietario rural importante. Si los tres se mostraban de acuerdo, la condena era a muerte; en caso de divergencia, se imponía una pena menor. Noche tras noche, escuadras de falangistas y guardias civiles visitaban las cárceles, hacían una “saca” de varios presos, los subían a un camión, los llevaban a las afueras de la población y los fusilaban... los cadáveres eran abandonados en la carretera para servir de ejemplo al resto de los vecinos». Mola tuvo que intervenir para sugerir que fueran más discretos con los lugares de ejecución y la forma de eliminar los cuerpos, evitando que fueran enterrados cerca de pozos de agua, porque podía causar su contaminación.

La Gestora Municipal seguntina es disuelta y sus miembros detenidos y sometidos a una comisión depuradora en términos parecidos, o tratados de forma arbitraria por cualquiera de los oficiales y «notables» afines a los sublevados en quién quedaba su suerte, y sin orden judicial alguna. Los funcionarios de prisiones, fusilados o encarcelados a su vez (por fortuna el de Sigüenza fue mantenido en su cargo por su extraordinario celo profesional que impidió durante su gestión la entrega arbitraria de muchos presos a los milicianos exaltados), a su vez y las prisiones son militarizadas: es decir, desaparece el Habeas Corpus, y, desde luego, la presunción de inocencia. Las detenciones son arbitrarias y los detenidos carecen de derechos de cualquier tipo. En otras palabras, con los sublevados, Sigüenza se convierte en una «ciudad sin ley y sin orden, sólo con disciplina castrense», o si me lo permiten «con la ley y el orden que impone el miedo y el terror del vencedor». ¿Cómo podía instaurar la ley un ejército de sublevados que ni siquiera tiene un Gobierno legalmente constituido? Por tanto, la falacia es que Franco no trae ni ley ni orden, sino sólo «disciplina», y el país vivió en la más flagrante ilegalidad y desorden (jurídico) hasta el proceso constituyente que aprobó la promulgación de la Constitución de 1978. Debido al «analfabetismo jurídico» de los españoles, hemos tardado muchos años en comprender el verdadero alcance y trascendencia de nuestra Carta Magna, y aún hoy, especialmente entre los «nostálgicos» del régimen de Franco, se sigue confundiendo «ley y orden» con «disciplina».


LAS IDEOLOGÍAS ENFRENTADAS


DERECHAS

– Falangistas (José Antonio): Defendían un Estado paternalista, corporativo, nacionalista, respetuoso con la tradición pero en contra de los privilegios de clase. Dirigido por una burocracia concienciada y «competente», que favoreciera la defensa del trabajador y de la familia. Pensamiento próximo al socialismo revolucionario, y al fascismo, pero de ámbito estrictamente nacional. El propio José Antonio era partidario de la separación de la Iglesia y del Estado.

– Requetés (Carlistas): Defendían el retorno de los fueros medievales de Navarra. Monárquicos de la rama colateral de Carlos de Borbón. Racistas (se consideraban una raza pura y sin mezclas árabes), con rígidos estamentos sociales tradicionales y, sobre todo, católicos fundamentalistas y fanáticos, con una absoluta intolerancia contra aquellos que no profesaran estos principios.

– Fascistas (Mussolini): Defendían un estado autoritario y paternalista, regido por una burocracia afiliada a un movimiento semejante a un partido único, que defendiera los estamentos sociales tradicionales, basados en el Estado, la sociedad, la familia y el derecho al trabajo (Similar a los falangistas). Tenían tendencias imperialistas.

– Nazis (Hitler): Defendían un Estado fuerte, autoritario y militarizado, regido por un partido único basado en la supremacía de la raza aria, la obediencia al líder, la defensa de la familia y del trabajo. Sin duda tenían tendencias imperialistas.


CENTRO

– Liberales: Defendían un Estado de Derecho y democrático, no intervencionista, con un gobierno mínimo, que permitiera el desarrollo de la iniciativa privada, y el derecho a la propiedad. Defendían la separación Iglesia-Estado y la libertad de enseñanza y de culto.

– Radicales: Próximos a los liberales, pero más comprometidos con reformas sociales que conlleven mayores libertades sociales e individuales.

– Socialdemócratas: Defendían un Estado de Derecho, de fundamentos liberales, pero con la intervención del Estado en temas de protección social, educación y sanidad, además de luchar contra los monopolios y oligopolios privados que distorsionaran la libre competencia y la igualdad de oportunidades.


IZQUIERDAS

– Socialistas (PSOE): Su postura era similar a la de los socialdemócratas, pero con una más decidida intervención del Estado en la protección social y en la defensa de ciertos monopolios estatales de sectores estratégicos. Sin duda eran partidarios de la separación Iglesia-Estado, educación laica y tenían proyección internacional.

– Comunistas (PCE): Defendían un Estado controlado por los representantes de los trabajadores a través de un partido único. La abolición de la propiedad privada y los privilegios de clase. El reparto del fruto del trabajo de acuerdo a las necesidades de cada uno y la toma de decisiones a través de asambleas controladas por el partido. De confesión atea, querían la supresión de la Iglesia.

– Troskistas (POUM): Defendían lo mismo que los comunistas, pero en un Estado descentralizado y confederal, donde las decisiones soberanas fueran tomadas en comités locales.

– Anarquistas: (CNT-FAI) Defendían la abolición del Estado, una sociedad abierta, no autoritaria, igualitaria, descentralizada, sin jerarquías, asamblearia, y basada en el principio de que cada individuo es soberano y dueño de su propio destino. También una economía basada en la colectivización de la producción y de los bienes, libre enseñanza, amor libre y la abolición de la religión, así como de la familia jerárquica y patriarcal.


EL RÉGIMEN DE FRANCO

El franquismo fue una mezcla de todas las ideologías de extrema derecha de su tiempo:

– Era «carlista» en tanto se definía como católico y tradicionalista intransigente.

– Era «falangista» en tanto defendía el derecho al trabajo y la familia tradicional, sin cuestionar los estamentos sociales más reaccionarios.

– Era «fascista» por el culto al «jefe supremo» y la organización social corporativa en estamentos controlados por la afinidad a los principios de un «Movimiento» social, que no un partido único.

– Era «nazi» en tanto que estaba tutelado por el Ejército.

– Era «racista» en tanto aceptaba la supremacía castellana y de otras comunidades españolas menos «contaminadas de africanismo» (origen del nacionalismo español).